El gobierno y las transnacionales

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El gobierno y las transnacionales

Otro tópico importante es la relación estrecha que mantiene el estado peruano con las transnacionales que operan en nuestro país. Frente a las denuncias que han presentado las comunidades y pueblos afectados por actividades extractivas en sus tierras, el gobierno solo ha se ha mantenido cómplice con los capitales privados, legislando a favor de estas empresas (Caso Yanacocha, Barrica, Shoungang, Southern Perú, etc).

Este tema trae a colación lo sucedido durante la última Cumbre de los Pueblos que se realizó en el Perú, allí se presentaron una serie de casos de abusos y agresiones por parte de grupos de poder empresarial, aquí algunos casos. La transnacional Bayern fue declarada responsable de la muerte de 24 escolares, provocadas por el consumo de parathion metílico mezclado con un derivado lácteo. Así lo sentenció el Tribunal Permanente de los Pueblo (TPP), sin embargo el Congreso peruano desde hace 6 años dilata un informe que establece la responsabilidad de esta empresa alemana.

Familiares de los niños de la comunidad de Tauccamarca (Cusco) –que asistieron al TTP, durante la Cumbre de los Pueblos- expresaron que desde el 2002, el Congreso posterga la discusión del caso, pese a las responsabilidades probadas de la empresa y los funcionarios del Estado, pues afirman que el documento no se encuentra en los archivos.

El representante de la Red de Acción en Agricultura Alternativa, Luis Gomero Osorio informó que el uso comercial del parathion, conocido comercialmente como folidol, estaba restringido, pero no se adoptaron medidas preventivas por parte del Estado peruano y la empresa Bayern.

El vocero de las familias afectadas, Victoriano Huaraya Torres, declaró que la empresa no cumplió con su obligación de recoger las existencias del veneno ni hizo campañas de prevención para evitar probables casos de contaminación.

Recién hace dos años, el Quinto Juzgado Civil admitió la demanda, pero el Ministerio de Agricultura reclamó que se incluya como presunto responsable al único profesor de la escuela. Hasta hoy no se resuelve el caso.

Pero el caso más fuerte es el de la empresa agro-exportadora Camposol A.S. - de capitales noruegos y peruanos, en la que tiene intereses el presidente Alan García- y que fue denunciada ante el TTP por la violación sistemáticamente los derechos laborales con jornadas mayores a las 8 horas diarias, sin seguridad social, con regímenes de contrato temporal e ingresos menores al sueldo mínimo y por la negativa de reposición a más de 380 despedidos por sindicalizarse y acusarlos de “subversivos”. Esta empresa tiene utilidades que superan los 100 millones de dólares

Ante el TTP, la dirigente Rosa Parihuachi afirmó que al amparo de la Ley 27360, Ley de Promoción Agraria, que permite menores estándares laborales, la empresa vulnera los derechos de tres mil trabajadores que laboran en sus 16 mil hectáreas, pese a las cuantiosas utilidades que le reporta la exportación de alcachofa, espárragos, palta, mango y pimienta.

La dirigente denunció así mismo, que la empresa -en la que también tiene intereses el ex ministro fujimorista José Chlimper- utiliza matones para amedrentar a los pobladores. Precisamente, la represión ordenada por la empresa en junio del año pasado provocó heridas de bala a cuatro trabajadores, sin que hasta el momento la empresa haya respondido por estos hechos.

Con esto se deduce que el gobierno estaría reviviendo fantasmas para justificar la ola represiva que ya se siente y para ocultar el alza de los precios de productos básicos. Con todo lo descrito, se entiende que el modelo democrático estaría tambaleando y el rigor de la mano dura ya aprieta los cuellos de los más humildes del país.