Empresa agroindustrial acusada de violar derechos humanos y convenios laborales

Céspedes, Lily

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) —reunido en Lima del 13 al 16 de mayo con ocasión de la III Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas” (EA3)—  condenó ética y moralmente a la empresa agroindustrial Camposol S.A., perteneciente a la transnacional noruega Dyer Coriat Holding, que opera en el valle norteño de Chao, en el departamento de La Libertad, por aplicar conductas que violan los derechos humanos, así como los pactos y convenios suscritos por el Perú con organismos internacionales, al despedir a cientos de trabajadores por el hecho de sindicalizarse.

François  Houtart, sacerdote católico  y presidente del TPP, anunció que se denunciará a Camposol y  otras 20 multinacionales ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a fin de que se nombre un relator especial que se encargue de presentar ante la Asamblea General de la ONU un informe sobre la manera como operan las transnacionales en América Latina, sin respeto por las leyes y con la complicidad de los gobiernos.

Además de Camposol, el TPP vio otros casos de transnacionales que operan en el Perú como la minera británica Monterrico Metals y la químico-farmacéutica alemana Bayer.

 El expediente  del caso Camposol llegó al TPP de la mano de la Asociación Aurora Vivar, institución defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras, que junto a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), preparó la demanda.

Modelo excluyente
Todo empezó hace una década, cuando Camposol compró y alquiló grandes extensiones de tierras en el valle de Chao —zona de muy alta productividad— para sembrar vegetales como espárrago, páprika, alcachofa y pimiento piquillo, aprovechando beneficios arancelarios con EEUU, y también los tributarios y laborales concedidos por la Ley 27360 de Promoción Agraria.

Esta ley establece menores remuneraciones para los trabajadores agrarios —al incluir las gratificaciones y la compensación por tiempos de servicios como parte de las mismas—, les recorta a la mitad las vacaciones y considera sólo la tercera parte del monto indemnizatorio en caso de despido laboral arbitrario.

Camposol es considerada una empresa modelo de desarrollo en el mundo, usa tecnología de punta y tiene presencia en los más exigentes mercados de vegetales y frutas frescas congeladas y procesadas. De acuerdo con el más reciente informe de la Sociedad de Comercio Exterior, Camposol  lideró las exportaciones agrícolas del primer bimestre de este año con US$19.8 millones, un 5.17% más de lo que exportó en el mismo periodo en el 2007.

Sus cultivos abarcan 15,500 Ha propias y más de 10,000 Ha rentadas, haciéndose de la totalidad de la cadena productiva (siembra, cosecha, distribución y comercialización). Tiene 10,000 trabajadores —70 % de ellos mujeres—, y genera más de $40 millones de ingresos al año.

Sin embargo, sus trabajadores, la pieza motor de tamaña industria, viven atemorizados por continuas amenazas de despido y con jornadas laborales esclavizantes. Camposol utiliza a los agricultores de la zona como sus proveedores, fija los precios en el mercado e incorpora a las mujeres al trabajo por su habilidad motora fina para la cosecha.       

Derechos vulnerados
Los abusos y atropellos contra los trabajadores empezaron el 2002, cuando la empresa logra desarticular el primer sindicato promovido por el trabajador Felipe Escobedo Castillo y se producen los despidos masivos de quienes pretendían sindicalizarse. Pero también “castigó” a la población de Chao negándole la opción de trabajo durante dos años.

Escobedo sufrió agresión física y detención arbitraria durante dos días en una comisaría y fue obligado a firmar su renuncia bajo amenazas. Tiene ahora 39 años, es padre de 4 hijos y desde que lo despidieron no ha podido encontrar trabajo porque Camposol se encargó de colocarle el “cartel” de agitador y sindicalista.

Su caso está en la Corte Superior de Trujillo, capital de La Libertad, donde su expediente tiene ya cinco meses sin resolver. Él pide su reposición y el pago de una reparación civil por los daños ocasionados.

En mayo y junio del 2007 se produjeron paros y movilizaciones por el despido de 80 trabajadores. Diez de ellos fueron secuestrados para obligarlos a levantar la huelga y otros cuatro resultaron heridos de bala a consecuencia de la dura represión policial. En diciembre pasado, otros 385 trabajadores quedaron fuera de la empresa, 80% de los cuales pertenecían al Sindicato de Trabajadores de Camposol S.A. (SITECASA). Fueron repuestos 50 con la mediación del ministro de Agricultura, Ismael Benavides.

Rosa Parihuachi Palacios, ex secretaria de Defensa del sindicato, afirma que “hay una gran explotación, trabajé como peladora de espárragos entre 16 y 17 horas diarias de pie, y sólo me reconocían 13 en las boletas de pago”.

“Para pelar los espárragos nos obligaban a vestir en pantalones cortos en pleno invierno y se negaban a darnos guantes nuevos cuando éstos se rompían”, cuenta. “Así tenía que manipular los espárragos que se conservan en frío y el pago era el más bajo”. Ahora Parihuachi trabaja ocho horas diarias en una empresa más pequeña y gana 18 soles al día ($6.50).

Según Luis Izarra, secretario de Defensa de la CGTP, “las acciones de Camposol representan vulneraciones al derecho a la libertad sindical, a no sufrir discriminación en el trabajo, a la seguridad, viola el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 28 de la Constitución peruana, el Código Penal y los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

El éxito agroexportador que vive el Perú se debe en gran medida a los beneficios arancelarios que ofrece la Ley de Promoción Comercial Andina y de Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) de EEUU —que otorga beneficios arancelarios a exportaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— y la mano de obra barata, pero con la Ley de Promoción Agraria el Estado ha incluido factores de productividad y competitividad a costa de los derechos de las y los trabajadores.

Tales factores incluyen invertir en productos de demanda mundial, uso de buena tierra sin problemas de agua y cercanas a puertos, mano de obra barata pero calificada para producir grandes cantidades aplicando alta tecnología, todo lo cual dará finalmente valor agregado al producto. A cambio de esto el Estado da a las empresas agroexportadoras beneficios tributarios como exoneraciones y rebaja de impuestos, menores pagos por el servicio de salud, etc. 

“Este régimen laboral especial ampliado hasta el año 2021 es discriminatorio para los trabajadores del sector porque atenta contra el principio de igualdad ante la ley, y pone en cuestión los convenios internacionales de la OIT firmados por el Perú”, dice Izarra.

El dirigente sindical pidió al gobierno revisar y corregir dicha ley por considerarla obsoleta y esclavizante. Exigió además un mayor número de inspectores laborales en las zonas rurales, así como la reposición de los trabajadores despedidos y el cese de hostilidades.